inconformidades detienen elecciones en Morena
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La elección de dirigentes de Morena, tanto en el Comité Nacional como en los estatales, entre ellos el de Tamaulipas, está detenida debido a 477 impugnaciones que están por definirse. Declaraciones del dirigente Mario Delgado Carrillo, formuladas el jueves de la semana pasada, auguraron que para el 19 y 20 de agosto se estarían celebrando las elecciones al contar con congresistas debidamente acreditados. Hoy sabemos que eso no va a ser posible y que incluso pueden llevar dos o tres semanas destrabar el conflicto.
Como puede usted comprender 477 inconformidades no son cualquier cosa, ni fácil ni rápido de resolver cuando se trata de un partido como Morena, donde las pasiones políticas se desbordan con facilidad, y dan la pelea hasta por el último peldaño de poder.
En este caso el punto es confirmar a los consejeros que acudirán a los congresos de cada entidad, para aprobar reformas estatutarias y la elección de integrantes del Comité Nacional, entre otros temas.
Sin embargo, el compás de espera parece que no concluirá tan pronto, no por lo menos en Tamaulipas, donde habrá de celebrarse cuando menos dos asambleas distritales, en uno de los dos distritos de Reynosa y otro en Madero.
En una entrevista del periodista Enrique Jonguitud al diputado local de Morena, Isidro Vargas Fernández, afirma el legislador que la elección en el caso de Tamaulipas podrá realizarse en tres semanas.
El procedimiento de elección estaba programada de manera simultáneo en todo el país, en virtud de que no sólo elegirán a dirigentes estatales, sino también a los titulares de las diferentes secretarías del Comité Nacional, donde los únicos puestos definidos y que no serán sometidos a confirmación ninguna, son los que ocupan Mario Delgado Carrillo y Citlalli Hernández Mora, presidente y secretaria general respectivamente, cuyos encargos tienen vigencia hasta agosto de 2023.
2.- Ayer comentamos que son frecuentes las solicitudes de desafuero y mínimos los casos que se concretan, y procedimos a investigar para aportar datos más concretos que la simple percepción.
Encontramos que hasta octubre de 2016 la Cámara de Diputados tenía 327 solicitudes de desafuero, que en ese nivel se quedaron, es decir no procedieron. Y hasta esa misma fecha los archivos dan constancia de haber realizado 8 desafueros a partir del primer caso en 1909 cuando el diputado José López Portillo y Rojas (abuelo del presidente José López Portillo 1976-1982) perdió su inmunidad.
A López Portillo y Rojas lo acusaron de fraude, aunque hay historiadores que han dejado constancia de que fue un acto de represalia desde los altos niveles del poder, debido a que en el ejercicio periodístico manifestó abiertamente su apoyo al general Bernardo Reyes como vicepresidente de México.
Figuras prominentes en la historia política de nuestro país fueron víctimas del exceso de poder y perdieron su inmunidad, entre ellas Carlos Alberto Madrazo Becerra, desaforado en 1945 y absuelto en 1948 y electo gobernador de Tabasco para el periodo 1959-1964. Este como todos los 8 casos aludidos son burdos procedimientos de represión de la cúpula gobernante, antes y durante el priismo, obviamente también el panismo escribió un capítulo y Morena apenas ha entrado al escenario político, falta mucho por ver.
En ese tenor tenemos que recordar el intento de desafuero de Andrés Manuel López Obrador, que vino a dar vida a uno de los procesos legales más sonoros del país, en virtud de que ocurrió en los años 2004-2005 cuando ya se visualizaba la proyección de AMLO en la contienda electoral de 2006, como finalmente ocurrió.
El gobierno panista de esa época, presidido por Vicente Fox, tuvo que desistir por la presión social favorable a López Obrador. Y confirma la regla del aprovechamiento político que ha tenido este recurso para amagar en algunos casos a alguien, o desgastarlo ante la opinión pública.
Con esto no queremos decir que Francisco García Cabeza de Vaca sea una víctima por el hecho de que pidieran su desafuero, el cual ya comentamos ayer es un capítulo cerrado.
Lo que sí estamos considerando, es que la figura de desafuero la utilizan en casi todos los casos como un arma política y no como un recurso de justicia contra quien ha actuado en contra de la ley. Se evoca este recurso sin apuntalar con documentos probatorios o elementos que den sustento a la petición y eso es falta de consideración a la sociedad.
A ese paso, el desafuero será figura desacreditada ante el ciudadano por la manera irresponsable como se utiliza. Equivale a decir, “ahí viene el coco” y nunca llega.
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