Ni los veo, ni los oigo, Nader
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Hoy se inician las comparecencias de los Secretarios en la glosa del I Informe de Gobierno, y esperamos que la titular del área de Salud, Dra. Gloria de Jesús Molina quien se presentará este día en el Congreso del Estado, de mucho de qué hablar, porque el punto focal del mensaje oficial es hasta ahora el tema de la lista de aviadores, pareciera que no hubo nada más importante.
Y es que diferentes voces no sólo priistas, reclaman que el Secretario de Administración, Jesús Nader Nasrallah debiera de presentar la lista de inculpados, que por cierto de acuerdo a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, hay infracción para los dos actores, el empleador o patrón y el “aviador” por decirlo coloquialmente. Un delito en el que debe haber dos participantes para llevarlo a la práctica.
La cuestión es que ayer martes en conferencia de prensa Rigoberto Rodríguez Rangel, dirigente del Partido Encuentro Social, pero con raíces priistas, se sumó a las propuestas del presidente del PRI, Sergio Guajardo y del Coordinador de la bancada Tricolor en el Congreso de Tamaulipas, Alejandro Etienne, en el sentido de que Nader debe dar a conocer los nombres de integrantes de la lista de aviadores.
Pese a la insistencia manifiesta a partir del viernes pasado, Jesús Nader, aunque panista, rememora a Carlos Salinas cuando dijo, “ni los veo, ni los oigo”, y como no está incluido en las comparecencias pues no hay más que los llamados que se le ha hecho a través de los medios de comunicación, que son como los campanazos para ir a misa, el que quiere responde y el que no, no.
2.- Luego de tanto estira y afloja en el tema de las “donaciones” o transferencias de recursos de partidos políticos a la causa del sismo, resulta que es inconstitucional renunciar a algo que fue aprobado por el Poder Legislativo; que además puede romper el principio de equidad y sobrarían argumentos para anular la elección de 2018, si se diera el caso de que algunos institutos políticos no renunciaran a ese financiamiento en la misma proporción que sus iguales.
Quien sostiene todos estos argumentos es el jurista Diego Valadés, académico del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, los conceptos fueron vertidos durante una conferencia ofrecida en esa misma institución, quien señaló que los planteamientos partidistas ofrecen márgenes de ilegalidad amplios; el INE tendría que sancionarlos y le recordó al Instituto Electoral que se trata de recursos públicos en los que tiene responsabilidad de vigilar su ejercicio y rechazar cualquier desvío.
Vistas así las cosas, desde la lente jurídica, partidos y el INE están haciendo el más espantoso ridículo por precipitarse los primeros a ganar la carrera del escenario electoral y el segundo por someterse a decisiones del Ejecutivo, porque el Consejero Presidente Lorenzo Córdoba, que algo ha de saber del tema, puesto que es abogado con grado de doctorado, se opuso en un principio a esta inesperada e improvisada decisión de los institutos políticos, pero luego recibió alguna instrucción superior y tuvo que twittear el cambio de ruta.
Pero eso no es todo, el especialistas en temas de Derecho y exprocurador de la República, señaló que “los partidos mucho menos pueden pensar en dejar de recibir el 100 por ciento de los recursos públicos, porque dejarían de ser entidades de interés público para convertirse en entidades de interés privado, a los que las minorías no podrían acceder para ser representados y esto es discriminación política y violaría otros principios constitucionales”.
En el caso de que los partidos políticos renunciaran a sus prerrogativas, enfrentando el escenario antes descrito, no están facultados para convenir con la Tesorería de la Federación (SHyCP) un cambio de destino de las partidas aprobadas por la Cámara de Diputados. El cumplimiento de la Ley no está sujeto a pactos y precisó: “cualquier acto que no corresponda a lo que la Constitución dice es pura y simplemente inconstitucionalidad”.
Al respecto, sabemos que hubo una gran presión social que movió a los partidos políticos a precipitarse en esta decisión de renunciar a sus prerrogativas, presión que proviene del malestar de las mayorías indudablemente, pero no se puede vulnerar el Derecho, las instituciones y todo lo que representa orden público. Si hemos perdido este orden en otros sectores, no hay que poner en riesgo el sistema de partidos, que ha costado muchos años su construcción.
3.- Aunque el diputado federal Baltazar Hinojosa Ochoa no le llama recorte a lo que se aplicará al presupuesto de los estados y municipios, sino “reorientación” de gastos, la realidad es que de acuerdo a declaraciones del propio legislador matamorense a un portal fronterizo, el programa Fortalece que dispondría de 10 mil millones de pesos, se está proponiendo cancelarlo y canalizar ese recurso para resolver las contingencias surgidas por el sismo.
En esa tesitura los alcaldes tamaulipecos deben de estar en este momento analizando sus proyectos para jerarquizarlos por prioridades y hacer un nuevo replanteamiento a los diputados federales para que defiendan lo más urgente.
El programa FORTALECE (Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal) son Fondos del ramo 23, para generar obras de pavimentación, alumbrado público, drenaje, alcantarillado, mantenimiento de vías públicas, construcción y mejoramiento de espacios educativos, artísticos, culturales y deportivos, prácticamente todo lo que son obras.
Baltazar Hinojosa preside la Comisión de Infraestructura de tal manera que está directamente involucrado con el tema, pero igualmente es importante la gestión de los demás legisladores locales que conocen las prioridades de su distrito y son el enlace con los jefes edilicios.
La circunstancia es que a todos los rincones del país les va a pegar los efectos del sismo, pero a las entidades que no forman parte de las siete afectadas en infraestructura, que es el caso de Tamaulipas, enfrentará la reducción de oportunidades de empleo y la inyección de recursos en el ramo de la construcción, eso independientemente del aplazamiento de la mejora de un servicio.
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