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Ni desafuero, ni declaración 3 de3 ANA LUISA GARCIA PORTADA 

Ni desafuero, ni declaración 3 de3

Ana Luisa Garcia Garcia
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La creación de la figura de desafuero y la declaración pública 3 de 3 quedaron fuera de la agenda del Congreso de Tamaulipas. Algunas entidades del país han legislado para incorporarlas como recursos para combatir la corrupción, sin embargo a nuestro ver hay suficientes soportes legales para dar sustento a prácticas que pueden limitar el abuso del poder público, la aprobación de estos modelos realmente responden a políticas sensacionalistas con las que alguna de las partes políticas pretende ganar simpatías.

            No son las leyes, sino los hombres y mujeres que las aplican quienes desvían su verdadero impacto y fomentar la desviación de recursos oficiales, a eso se le llama falta de voluntad política.

            Para muestra basta un botón, una de las tres declaraciones que hizo famoso el IMCO (Instituto Mexicano para la Competitividad A.C.) es obligatoria desde hace mucho, sin embargo no se cumple del todo, es la que se refiere a la declaración patrimonial que todo los servidores públicos deben rendir cuando arriba al cargo y cuando concluye el encargo o el periodo, esto incluye la declaración de modificación patrimonial que debe presentarse cada año, durante el mes de mayo.

            Los contralores municipales, federales, del estado están obligados a reclamar a los funcionarios salientes esa declaración y cotejarla con las existentes. No hacerlo es caer en el delito de omisión.

            Hoy con la plataforma de Transparencia Nacional puede confirmarse si se ha cumplido con este requisito. La realidad es que se carece del personal suficiente y capacitado para realizar esta tarea, ni siquiera los auditores estatales y el nacional lo hacen con cubertura al 100 %, si acaso lo estarán practicando de forma aleatoria, esto quiere decir que dependerá de la suerte o mala suerte de un servidor al que se fiscalice.

            Si la declaración patrimonial se practicara escrupulosamente, saldría sobrando la de “conflicto de intereses”, que tiene que ver con las relaciones de parentesco, compadrazgos o similares que limitan o prohíben al funcionario favorecer a sus afectos.

            Pero sabemos que la complicidad se puede practicar sin esa clase de considerandos. Alguna vez Manuel Cavazos Lerma siendo gobernador electo alguien le preguntó, ¿Hará funcionarios a sus amigos? Y respondió, “todo lo contrario, a los funcionarios los haré mis amigos”. Parafraseándolo, podemos decir que a los proveedores sin ser parientes ni compadres, finalmente se les puede hacer “amigos” o cómplices del momento.

            En ese juego de palabras, el resultado de una y otra fórmula es lo mismo. Lo fundamental es que no exista la figura de complicidad para que no hubiera delito que perseguir. Y esa transparencia se logra cumpliendo lo que obligadamente está establecido en la ley desde hace mucho tiempo. La declaración fiscal (que puede presentar evasión y entonces no se logra detectar lo que debiera) y la patrimonial.

            Entonces no es nuevo, lo novedoso era el hacerlas públicas, hoy con la plataforma de transparencia nacional, todo esto es público. Desde luego implica trabajo y conocimiento para bajar la información y eso puede hacerlo cualquier persona con mediana capacidad para navegar, pero la sociedad civil y los medios de comunicación tienen una proyección mayor para difundirla, comentarla y compartirla.

            De tal manera que la llamada “Declaración 3 de 3”, sale sobrando si se cumple la patrimonial al pie de letra.

            Por su extensión en otra ocasión abordaremos el tema del desafuero, cuya sola mención sube el rating de cualquier noticiero.

            2.- Mañana viernes se definirá el caso Coahuila, cuya elección a gobernador está seriamente cuestionada en cuanto a que las dos principales fuerzas políticas de la entidad, se lanzan mutuas acusaciones de haber excedido el tope de campaña, por arriba del 5 %, lo que de acuerdo a la ley puede ser sancionado con la anulación. Es una situación grave, no sólo sería el primer caso bajo ese tipo de infracción, lo cual vendría a asentar un precedente, sino que además el PRI y el PAN que son los que están en el banquillo de los acusados, tendrán que cambiar de candidatos.

            Se trata del priista Miguel Riquelmer, quien incluso ya recibió constancia de mayoría y de Guillermo Anaya del PAN, quien resultó en 2º lugar de la votación, separados apenas por 3.9 puntos, no podrán participar en caso de anulación de los comicios.

            La constancia de mayoría la otorga la autoridad electoral, pero la última palabra la tienen los tribunales electorales.

            Ayer Enrique Ochoa Reza, Presidente del CEN del Tricolor formuló declaraciones, asegurando que el candidato priista comprobó que si había consignado los gastos de propaganda y que no eran omisos como le acusa su más cercano adversario, o sea el PAN.

            En caso de que los resultados del Poder Judicial Electoral, no consideren válidas las pruebas de las acusaciones, o que no sean lo suficientemente contundentes, el PRI se estaría llevando dos de las tres gubernaturas que se disputaron en junio pasado, y el PAN habría solamente ganado la correspondiente a Nayarit, uno de los municipios más pequeños del país y habría un nuevo mensaje que interpretar para el 2018.

           

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